A casi dos años de las
medidas planteadas para mitigar la contaminación de la cuenca del río Santa
Lucía, todas están en curso, aunque varias están demoradas, y persisten las
faltas de control.
Por Marcelo Aguilar.
Río Santa Lucía. Foto: María Inés Hiriart
La
creciente preocupación pública en torno al tema del agua potable quizás sólo
sea comparable a la situación de marzo de 2013, cuando de las canillas salía un
líquido con gusto y olor extraños. A dos años de aquel suceso, la preocupación
del presidente Tabaré Vázquez por la calidad del agua del río Santa Lucía y el
“episodio Maldonado” (véase nota aparte) reavivó la discusión acerca de uno de
los problemas centrales del Uruguay actual.
EL MADRUGÓN.
En 2013 el Estado uruguayo saltó de la cama. Ante la evidente alarma pública
por el mal sabor del agua se presentaron 11 medidas para mitigar la
contaminación de la cuenca del río Santa Lucía, contenidas en el Plan de Acción
para la protección del agua en la cuenca del Santa Lucía. Algunas tenían
carácter urgente, y otras no tanto. Cotejando aquel documento con el informe
“Estado de situación cuenca del río Santa Lucía”, presentado por el Ministerio
de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) al presidente
Vázquez en marzo de este año, es posible visualizar un panorama del avance de
la implementación de ese plan. Vayamos a un breve repaso.
El
objetivo de la primera medida era reducir el impacto de las emisiones líquidas
de los vertimientos de origen industrial, y daba plazo hasta enero de 2015 para
que las industrias catalogadas como “prioridad 1” (las más contaminantes)
tuvieran implementadas y en operación las modificaciones solicitadas. Sin
embargo en el informe de marzo se expresa como un logro del plan que esas
industrias “contarán” con las plantas de tratamiento solicitadas. La Dinama
intimó a estas empresas para que presenten los proyectos, pero no fijó nuevos
plazos. La segunda medida, que busca “mejorar el cumplimiento ambiental de
vertimientos de origen doméstico (saneamiento) en toda la cuenca hidrográfica
del río Santa Lucía y exigir la reducción del nivel de nitrógeno y fósforo”,
tiene tiempo hasta diciembre de este año. Para ese entonces Ose deberá haber
hecho las obras de saneamiento en las ciudades de Fray Marcos y San Ramón, y
adecuado el existente en la ciudad de Santa Lucía. La tercera medida, que en
2013 no estipulaba plazos, planteaba “exigir en forma obligatoria a todos los
padrones rurales ubicados en dicha cuenca, el control de la aplicación de
nutrientes y plaguicidas conjuntamente con la presentación de los planes de
uso, manejo y conservación de suelos ante el Mgap”. Según la información
proporcionada por el Mvotma a Vázquez, “se comenzó a trabajar en una fase
piloto, en un área de alta incidencia en el embalse de Paso Severino,
comenzando con los sistemas lecheros, para incluir gradualmente otros sistemas
y toda el área de la cuenca”, y el plazo estipulado por el Mgap es el 30 de
abril. Las medidas cuatro y cinco están vinculadas a los tambos y a los
establecimientos de engorde de ganado a corral (feed lots). El Mvotma intimó a
los tambos “con un total de 500 animales destinados a una misma sala de ordeñe,
ya instalados, a presentar la solicitud de autorización de desagüe y la
propuesta de plan de gestión de residuos sólidos antes del 30 de abril de 2014
y contar con un sistema de gestión de efluentes en operación antes del 31 de
diciembre de 2015”. Según el informe, a la fecha 16 tambos presentaron lo
solicitado, en un total de 1.600. En el caso de los feed lots, se destaca como
logro la elaboración de un decreto que los regula junto con otras prácticas de
encierro. “Los establecimientos contarán con sistema de gestión de efluentes y
con autorización ambiental de Dinama.” Hasta el momento son 14 los
establecimientos de engorde a corral que presentaron solicitud de registro ante
la Dinama. La medida seis busca “implementar la solución definitiva al manejo y
disposición de lodos de la planta de tratamiento de agua potable de Aguas
Corrientes, Ose”. El plazo establecido para la obra es diciembre de 2015, pero
en el informe entregado al presidente de la República se explicita que la obra
estaría finalizada y funcionando en setiembre de 2017. La medida siete buscaba
detener el acceso directo del ganado a beber agua en los embalses, y según se
desprende del informe se estaría cumpliendo, aunque la información en este caso
es bastante escueta. La ocho es la más polémica. Define franjas de
amortiguación variables para ríos y arroyos, que van de 30 a 80 metros, pero en
el caso de los embalses se mantiene fija en 100 metros. Desde la Asamblea por
el Agua del Santa Lucía así como desde la Facultad de Ciencias se cuestiona
esta medida por no contemplar las cotas de inundación del río, ya que se toma
como referencia “la línea de propiedad de los predios lindantes o el eje del
cauce”. Esto hace que en los hechos no exista una zona de amortiguación, ya que
cuando el río desborda, que es un fenómeno habitual, esos suelos queden sumergidos.
Las organizaciones pretenden que se haga un estudio pormenorizado de las zonas
inundables. En la medida nueve se destaca el logro de haber iniciado la
regularización de la situación de los responsables de extracciones de agua
superficial y subterránea que tenían su permiso vencido. La medida diez, que
mandataba declarar “reserva de agua potable” la cuenca del arroyo Casupá, se
cumplió. Y la once también se cumplió. Se llevaron a cabo cinco sesiones de la
Comisión de la Cuenca del Río Santa Lucía. Aunque hay reparos frente al
accionar de esta última. Desde la Asamblea por el Agua del Santa Lucía se
denuncia que no contempla las propuestas y la ausencia de información:
“Entendemos que la comisión es un ámbito fundamental y que hay que reforzarlo,
es un espacio que se logró a través de la reforma constitucional, pero ir ahí
es testimonial, porque de todas las propuestas hechas ninguna fue tenida en
cuenta, y no hay acceso a la información. Esto dificulta la gestión, el control
y la participación por parte de los usuarios, como establece la Constitución”,
dijo a Brecha Carlos Dárdano, integrante de la asamblea.
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