El sábado 25 de abril,
se llevó a cabo en el departamento de Tacuarembó, la 1º marcha en defensa del
acuífero Guaraní. Entre las consignas se propone no sólo la defensa del
acuífero sino la del agua como bien común y la lucha contra el fracking que
coloca en peligro de contaminación a la misma. La marcha tuvo una composición
diversa, incluyendo colectivos de todo el país, así como compañeros de
Argentina y México, en defensa de la tierra y el agua.
El colectivo Paysandú libre de fracking señaló que la
consecuencia inmediata del fracking es la contaminación de las reservas de agua
subterránea, en tanto la misma se mezcla con químicos de alta peligrosidad,
metales pesados, hidrocarburos y materiales radioactivos, a su vez un aumento
en la expulsión de gases de efecto invernadero como el metano, y una
violentación directa de las actividades que se encuentren próximas a la zona de
explotación, tales como la agricultura, ganadería y el turismo.
El fracking o fractura hidráulica es la técnica usada
para extraer el gas no convencional o petróleo, almacenado en pequeños poros o
burbujas de rocas impermeables en el subsuelo. Para la extracción no basta con
la perforación (como en el gas convencional) sino que además se debe fracturar
la roca para que el gas pueda salir. Primero, se perforan verticalmente miles
de metros hasta llegar a la roca, para después hacer una perforación horizontal
de varios kilómetros y posteriormente fractur la roca con una mezcla de arena y
agua que contiene una variedad de productos químicos muy tóxicos (cancerígenos
entre ellos). Esta mezcla mantiene las fracturas abiertas y permite salir el
gas, del cual se recupera un porcentaje del 15% al 80%.
Panorama actual
Las especulaciones en torno a la extracción de
hidrocarburos mediante la técnica del fracking se centra hoy en Uruguay en los
departamentos de Durazno, Paysandú, Salto, Tacuarembó, Artigas y Rivera.
ANCAP (refinería de combustible estatal) firmó un contrato con YPF de Argentina
y la empresa estadounidense Shuepbach Energy. Con esta última el contrato
firmado es a 30 años y le permite a la misma la exploración y posible
explotación mediante el fracking. Se denuncia que el contrato firmado entre
ANCAP violenta la soberanía en tanto el ente estatal y la empresa negocian en
pie de igualdad jurídica, resultando imposible la modificación del contrato por
una de las partes, si se decide por ejemplo que no se quiere realizar una
explotación mediante el fracking, ANCAP no posee la capacidad para anular el
contrato por sí misma y la disputa se resolvería en organismos internacionales.
También se denuncia que el contrato firmado carece de trasparencia en tanto el
Ministerio de Industria, Energía y Minería se negaba a hacerlo público y fue
necesario recurrir a la justicia para poder acceder al mismo.
La explotación mediante el fracking en estos departamentos pone en peligro el
Acuífero Guaraní, que es la mayor reserva de agua dulce del mundo,
extendiéndose por debajo de la superficie de una parte de Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay. La contaminación del Acuífero pondría en peligro a su vez
las aguas superficiales de ríos y arroyos, causando daños irreversibles para
los seres vivos.
En este marco comenzaron a reunirse colectivos en defensa del agua y la vida,
en Paysandú y Tacuarembó se comenzó a presionar por la prohibición del
fracking, esto llevo a que las Juntas Departamentales de estas localidades
declararan a estos departamentos como libres de fracking. Sin embargo la cámara
de representantes anuló el decreto de la Junta Departamental de Tacuarembó,
mostrando el direccionamiento político del gobierno.
Sinergias
La marcha realizada el sábado 25 de Abril, contó con
la participación de numerosos y diversos colectivos, ya que la Asamblea
Nacional Permanente en Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales (ANP), se
había reunido más temprano ese día en Tacuarembó en su 7° asamblea nacional.
Contó con la participación de más de 30 colectivos, entre ellos grupos de descendientes
de indígenas, sindicatos, colectivos de productores, colectivos en lucha por la
tierra y la soberanía, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay,
compañeros de la Asamblea Ciudadana de Concordia (Argentina), compañeras
Mexicanas provenientes de Chiapas que integran el EZLN y de las comunidades
indígenas Yaqui. Remarcamos especialmente la participación del grupo de jóvenes
de Piedra Sola, en el entendido de la importancia que tiene la organización de
los jóvenes para luchar por el cuidado de los bienes comunes. La marcha,
realizada a caballo, en bicicletas y a pie, contó con la participación de más
de mil personas y culminó con un espectáculo en la Plaza Colón de la ciudad de
Tacuarembó, en el cuál también los jóvenes tuvieron un lugar de importancia,
culminando el espectáculo al grito de ‘’el agua es vida’’.
La violación de la soberanía es violencia hacia el pueblo
En el año 2004 en Uruguay, se realizó mediante una
masiva lucha popular una reforma constitucional que estableció al agua como un
recurso natural esencial para la vida y el acceso a dicho recurso en su calidad
potable, como un derecho humano fundamental. A su vez la reforma exige un
cuidadoso tratamiento del agua y la prohibición por lo tanto de cualquier
práctica que ponga en peligro el medio ambiente. El gobierno no cumple con la
reforma, ya que es noticia constante en nuestro país la mala calidad del agua,
provocada por los químicos del monocultivo y el exceso de fósforo. La
extracción de hidrocarburos mediante el fracking acorde a la reforma
constitucional, debe ser prohibida ya que pone en peligro directo las fuentes
de agua, aunque poco le importa al estado que atropella constantemente nuestra
soberanía a favor de las empresas capitalistas y su acumulación de ganancia.
El proyecto del fracking en nuestro país se instala en el marco de un avance
del capital en la apropiación y privatización de los bienes comunes, para la
acumulación de ganancia, sin importar los riesgos ambientales y sociales que
este tipo de explotación pueda generar. Como en otros proyectos, las empresas
trasnacionales negocian en pie de igualdad con el estado, lo cual es algo que
siguiendo las advertencias del fiscal Enrique Viana 1, pone en
peligro la soberanía nacional.
Viejos y nuevos desafíos
América Latina, históricamente subordinada a las
potencias centrales y al capital financiero internacional, en su búsqueda de
mano de obra barata y recursos naturales, se encuentra en el ojo del huracán
extractivista: diversos mega proyectos que involucran la extracción de recursos
como la megaminería, pasteras de celulosa, fracking, regasificadoras,
forestación y monocultivo sojero, y los correspondientes proyectos que tienen
que ver con la movilidad y salida de los recursos como mega carreteras y
puertos de aguas profundas enmarcadas en el Plan IIRSA. Estos configuran un
escenario de saqueo sin precedentes, de nuestros bienes comunes; saqueo avalado
por los gobiernos de turno, que hoy en día mediante una discurso de progreso y
desarrollo industrial, en lo que caracterizamos como modelo neo-desarrollista,
hipotecan el futuro de nuestros pueblos al servicio del capital financiero
internacional.
El desafío para los colectivos que defienden los bienes comunes y la vida se
presenta en la lucha contra las empresas trasnacionales y las políticas de
estado que pretenden facilitar el saqueo. A su vez la lucha contra los
megaproyectos y esta política de estado debe articularse como una lucha de
conjunto contra el sistema capitalista, que pone en peligro mediante los desastres
ambientales producidos por la explotación de los bienes comunes la vida misma.
1Fiscal Enrique Viana,
denominado el ‘’fiscal verde’’ por su lucha contra diversos megaproyectos como
las pasteras y la mega-minera Aratirí. Ahora en lucha contra el TISA.
Fuente: zur.org.uy
